Si bien es cierto que el acceso a la educación superior, hasta prácticamente la década de los 80, era económicamente limitada, y que eran los empresarios básicamente los encargados de la formación de sus trabajadores, distintas leyes reguladoras (Ley de Formación Profesional Industrial,1955, Ley general de Educación, 1970, Ley Orgánica General del Sistema educativo, 1990) son las que vienen a dar un marco educacional a la Formación Profesional, reglándola y regulándola. Sin embargo el intento  de establecer dos vías paralelas para llegar a los estudios superiores, Universidad y Universidad Laboral, no llegó a cuajar, lo que vino a significar que la formación profesional quedó relegada a unos estudios menores, algo que si bien el Estado ha intentando mitigar a través del Estatuto Básico del Empleado Público,2007, ( EBEP) y su texto refundido, 2015, (TREBEP), al equiparar a los Técnicos Medios con el Bachiller Superior y a los Técnicos Superiores reconociéndolos como educación superior y 120 créditos, eso es sólo papel mojado si a la hora de contratar a unos y otros los relegan al nivel de estudios previos a los otorgados por la Formación Profesional.  

En España, nuestros gobernantes tienen la fea y mala costumbre de empezar la casa por el tejado,  ya así no va. Cada vez son más las titulaciones de Formación Profesional ofertadas, pero lo hacen sin un estudio previo y riguroso de cual va a ser el mercado laboral al que van dirigidos y cuales son las circunstancias en las que se encuentran esos puestos de trabajo, es decir, dónde van a trabajar, cómo lo van a hacer y si esos puestos ya están o no ocupados por personal diferente a las nuevas y requeridas titulaciones para el puesto, y sobre todo como van a compatibilizar a los titulados y los que no la tienen pero que venían realizando las mismas funciones.  

Por otra parte, de poco sirven las leyes si las propias administraciones no las cumplen, por lo que cabría mencionar lo mucho que gusta adherirse a tratados internacionales, sin haber valorado previamente que es lo que nos une y lo que nos separa y sobre todo como vamos a resolver eso que nos separa, cuales van a ser los ajustes que tenemos que hacer y como vamos a hacerlo, claro que eso es lo complicado, lo fácil es firmar y que salga el sol por Antequera.  

De esta forma nos encontramos hoy en día con Técnicos Superiores a precio de Bachiller, con Técnicos Medios a precio de ESO, con titulaciones no homologadas en Europa, con otras sin destino laboral porque no han resuelto el problema de la compatibilidad y la exigencia del título para ejercer, o lo que es lo mismo, mucha Ley, poca aplicación y nula vigilancia.  

En definitiva, en España el estigma de la Formación Profesional viene marcado, por un lado, por la falta de estudios serios y rigurosos de la Administración sobre los destinos laborales y la garantía de la salida laboral para los titulados de Formación Profesional y, por otra parte por la falta de mecanismos garantistas sobre la aplicación de las leyes.  

Hacer la Formación Profesional más atractiva no es sólo una cuestión de imagen publicitaria, es una cuestión de dignificarla y, para ello la cuarta potencia económica europea, no puede seguir mirando a sus titulados de formación profesional por encima del hombro, ni seguir considerándolos trabajadores sin cualificación o semicualificados. Si somos trabajadores y ciudadanos europeos se nos debe dar el reconocimiento debido y, en las mismas condiciones de las que gozan fuera de nuestras fronteras.